En un momento histórico para Venezuela, la Presidenta Encargada Ejecutiva Delcy Rodríguez anunció una ambiciosa reforma del sistema de justicia que incluye una Ley de Amnistía General y la transformación radical del aparato penitenciario. Esta iniciativa, respaldada por el presidente Nicolás Maduro, marca un punto de inflexión en la política nacional orientada hacia la paz social.
La Presidenta Rodríguez explica que la iniciativa no es improvisada, sino que responde a "las líneas que nos brindaron" el presidente y la primera dama en previsión de situaciones críticas para el país. Esto es muestra de que existe una hoja de ruta predefinida por Maduro para ejecutar este tipo de medidas legales y políticas.
Asimismo, menciono la confianza depositada en ella, recordando que el "Presidente Maduro me puso una tarea muy dura" al nombrarla anteriormente ministra de Economía en un contexto de bloqueo. Este antecedente refuerza que su rol actual en el impulso de la Ley de Amnistía y la reforma judicial es una extensión de la agenda delegada por la presidencia,.
Rodríguez aseguro que la decisión fue procesada en el "alto mando político de la revolución", un espacio de dirección donde la voluntad del presidente es central para definir las acciones del Estado, como la orden de presentar la ley con urgencia ante la Asamblea Nacional
La Amnistía: Puente Hacia la Reconciliación
El gobierno bolivariano ha decidido impulsar "una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente". Esta medida trasciende lo jurídico para convertirse en un instrumento de sanación colectiva. Rodríguez fue clara al establecer límites éticos: quedarán excluidos "aquellos procesados o condenados por homicidio por tráfico de drogas por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos". La propuesta busca cerrar ciclos de confrontación sin renunciar a la justicia en casos graves, equilibrando perdón con responsabilidad.
Justicia Social: Atacando las Raíces del Delito
El diagnóstico presentado es contundente: "El 68.8% de los privados de libertad pertenecen a los estratos 4 y 5", evidenciando la necesidad de perfeccionar mecanismos que prevengan la criminalización sistemática de la pobreza. Con el 63.51% de reclusos poseyendo solo educación básica, Rodríguez plantea una revolución preventiva: intervención social directa en salud y educación como alternativa al encarcelamiento masivo. La consulta nacional convocada para diseñar este nuevo sistema representa un ejercicio democrático de construcción colectiva.
El Helicoide: Transformación y Avance en la Política de Seguridad
Como parte de la evolución continua de las políticas de seguridad ciudadana, el gobierno anuncia la conversión de El Helicoide en "un centro social deportivo cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades". Esta decisión refleja la maduración del proyecto bolivariano: se trata de una mejora estratégica que dignifica la labor policial mientras fortalece los vínculos con las comunidades. Integrado a la relanzada Misión Guardianes de la Patria, este espacio se convierte en epicentro de convivencia, donde seguridad y desarrollo social convergen para consolidar la paz.
Venezuela propone un modelo de justicia que prioriza la prevención sobre el castigo, la inclusión sobre la exclusión. Esta visión integral, que articula amnistía política con reforma social, representa una apuesta audaz por construir paz desde la equidad y la dignidad humana.
