La presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 por parte de la Vicepresidenta Ejecutiva, Dra. Delcy Rodríguez, trasciende el ejercicio fiscal convencional para configurarse como la cristalización de un modelo económico forjado en la adversidad. Con una asignación de 5.022.968.785.870 bolívares, este instrumento presupuestario articula una ecuación estratégica: las sanciones unilaterales se transforman en catalizador de producción endógena, el crecimiento económico del 8,5% reportado para 2025 supera las proyecciones internacionales de la CEPAL que ubican al país como líder regional con 6%, y la inversión social del 77,8% configura un blindaje de legitimidad popular en contexto de presión externa. Este presupuesto no constituye una respuesta defensiva sino la consolidación de una economía real donde petróleo, agricultura, manufactura y minería convergen en expansión productiva. Cada asignación sectorial, cada mecanismo participativo, cada política proteccionista decodifica una visión donde soberanía económica y democracia directa desafían paradigmas hegemónicos globales.

RESILIENCIA PRODUCTIVA: CRECIMIENTO ECONÓMICO CONTRA TODO PRONÓSTICO

La economía venezolana materializa durante 2025 un desempeño que desmonta narrativas de colapso. El crecimiento consolidado del 8,5% del PIB (enero-septiembre) se fundamenta en la reactivación sectorial diferenciada: la actividad petrolera lidera con 15,95%, seguida por construcción con 11,76%, sector particularmente relevante por su capacidad de generación de empleo tras años de contracción. La minería registra 9,24% y la manufactura 8,37%, mientras comercio aporta 8% al crecimiento agregado. Sectores como agricultura (4,52%) y transporte (4,23%) evidencian ritmos más pausados pero sostenidos.

La producción de hidrocarburos alcanzó 1.167 miles de barriles diarios en noviembre de  2025, partiendo de 688 MBD en el mes de  septiembre de 2022, representando un crecimiento del 18,2% en los últimos doce meses. La tendencia alcista sostenida demuestra recuperación de capacidades operativas. Simultáneamente, la refinación de gasolina y diésel creció 60,8% entre 2021-2025, llegando a 174,8 mil barriles diarios en el mes de octubre  de 2025.

El sector minero despliega dinamismo estratégico: la producción aurífera de plantas estadales creció 97,6% entre períodos comparables enero-septiembre 2024-2025, pasando de 2.554 kilogramos a 5.047 kilogramos, prácticamente duplicando la producción. El sector alianzas (privado) aumentó 41%, de 1.406 kg a 1.983 kg en el mismo período.

La agricultura registra cifras extraordinarias de crecimiento: hortalizas 201%, raíces y tubérculos 178%, frutas 122%. En cultivos estratégicos, el maíz amarillo aumentó 52%, mientras cacao y café registran 9% y 5% respectivamente. La producción animal crece 6%, liderada por el pollo con 13%. La producción de carne y derivados avanza 5%, destacando la leche de búfala con 13%.

La capacidad industrial manufacturera utilizada pasó del 20,6% (III trimestre 2019) al 48,9% (III trimestre 2025), duplicando la utilización de plantas productivas. Según Conindustria, esta recuperación evidencia una reactivación progresiva del parque industrial nacional, aunque persiste capacidad ociosa significativa susceptible de expansión adicional.

Este crecimiento no es casual. Constituye el resultado de políticas bajo un diseño cuidadoso y  deliberadas que han reducido importaciones en 9,5%, aplicando aranceles más altos a productos terminados para impulsar la producción local. La estrategia gubernamental se resume en la declaración de la Vicepresidenta: "A más bloqueo, más audacia, más creatividad, más innovación y más poder popular para responder al bloqueo criminal".

ARQUITECTURA SOCIAL DEL GASTO PÚBLICO

La asignación del 77,8% del presupuesto 2026 a inversión social representa una decisión política estratégica que contrasta radicalmente con el gasto social de la Cuarta República, que según la presentación oficial "nunca superó el 40%". Esta distribución configura un blindaje social que articula legitimidad política con estabilidad macroeconómica en contexto de asedio externo.

La estructura de asignación revela prioridades: Desarrollo Social y Participación concentra el 29,9%, seguido por Educación con 9,6%, Salud y Seguridad Social con 6,5%, Infraestructura con 6,3%, y Vivienda con 2,4%. Este gasto no constituye asistencialismo improductivo sino inversión en la dimensión humana de la revolución y cohesión territorial que genera efectos multiplicadores sobre consumo y actividad económica.

La reactivación del consumo hace válida esta estrategia. En el mes de Octubre de  2025 registró un aumento del 38,79% en consumo real (descontada inflación), evidenciando que el crecimiento no es nominal sino efectivo: el volumen de compras aumentó después de restar el efecto de la subida de precios. Este fenómeno se explica por cuatro vectores convergentes.

Primero, el dólar asciende más rápido que la inflación, fenómeno también denominado "sobrevaluación del tipo de cambio", generando mayor poder adquisitivo para quienes reciben ingresos indexados al dólar o poseen divisas, incentivando el gasto en la economía nacional.

Segundo, digitalización de pagos: desplazamiento del consumo en efectivo en divisas (principalmente dólares físicos) hacia tarjetas de débito y crédito en bolívares. Los ciudadanos prefieren cambiar dólares a bolívares para pagar digitalmente, facilitado por mayor facilidad operativa, cambio exacto, y eliminación del IGTF.

Tercero, cambio en política de bonificaciones tanto gubernamentales como empresariales: sustitución de beneficios en especie (bolsas de comida, productos subsidiados) por transferencias monetarias directas a trabajadores y pensionados. Este mecanismo es más eficiente al permitir a los beneficiarios comprar exactamente lo necesario, inyectando dinero directamente en el comercio nacional.

Cuarto, expansión efectiva del consumo agregado: al tener facilidades de pago digital, mayor poder adquisitivo por diferencial dólar-inflación, y dinero directo disponible, las familias compran más bienes y servicios reales que anteriormente.

Esta dinámica incrementó la recaudación tributaria no petrolera en 13,5% (enero-noviembre 2025 versus mismo período 2024), alcanzando cifras máximas históricas. El Gráfico Nro. 5 evidencia evolución sostenida desde 2021, con salto significativo entre 2023 (4.331) y 2024 (7.068), consolidándose en 2025. Esta diversificación de base fiscal demuestra capacidad de generar ingresos fuera de la industria petrolera tradicional, señal positiva sobre eficiencia tributaria y fortalecimiento de sectores no petroleros.

DEMOCRACIA ECONÓMICA Y PODER POPULAR

El mecanismo de construcción presupuestaria trasciende la consulta formal para configurar democracia económica directa. El Plan de Transformación que sustenta las cifras presupuestarias se originó en más de 100.000 asambleas en circuitos comunales, donde comunidades votaron directamente sobre proyectos de inversión locales. Este sistema ha aprobado 33.206 proyectos comunitarios con inversión acumulada de 262 millones de dólares gestionados a nivel local.

No se trata de descentralización administrativa convencional sino de transferencia efectiva de poder decisorio sobre asignación de recursos públicos hacia instancias organizadas de base. La masiva inversión social del 77,8% se canaliza mediante este mecanismo participativo, asegurando que la asignación responda a necesidades territoriales reales en lugar de dictados burocráticos centralizados.

La Vicepresidenta Rodríguez enfatiza: "Ustedes no verán allí gastos suntuarios. Ustedes no verán en los circuitos comunales a ninguna comuna votando por gastos suntuarios. Lo que se está votando es por la vida nacional". Esta afirmación revela la racionalidad del modelo: las comunidades priorizan infraestructura social, servicios básicos y proyectos productivos locales. El sistema de circuitos comunales funciona como mecanismo de inteligencia territorial descentralizada, donde necesidades reales determinan asignación, eliminando intermediación burocrática y clientelismo tradicional.

Este proceso articula dos dimensiones estratégicas convergentes. Primero, legitima el gasto público mediante consenso social directo, blindando decisiones fiscales contra cuestionamientos de eficiencia o pertinencia. Segundo, construye tejido organizativo permanente que fortalece gobernabilidad desde abajo, generando capacidades de autogestión comunitaria sostenibles más allá de coyunturas específicas.

La inversión social del 77,8% adquiere así carácter político constitutivo: no es meramente redistributiva sino constructora de poder popular organizado. El presupuesto participativo se convierte en pedagogía política permanente donde la ciudadanía ejercita soberanía económica concreta, transformando sujetos pasivos receptores de políticas públicas en actores políticos decisores de asignación de recursos. Este modelo establece correspondencia directa entre inversión estatal y organización comunitaria, articulando economía y política en sistema integrado de democracia participativa.

SOBERANÍA INDUSTRIAL Y AUTONOMÍA ESTRATÉGICA

La política de sustitución de importaciones constituye el núcleo de la estrategia de soberanía económica. La reducción del 9,5% en importaciones no refleja contracción sino reconfiguración productiva deliberada: se sustituyen importaciones de bienes terminados con producción nacional protegida mediante aranceles diferenciados. El objetivo es doble: proteger la industria nacional y ahorrar divisas, aplicando aranceles más altos a productos terminados para impulsar la producción  local.

Esta política proteccionista es presentada como motor directo de las cifras de crecimiento en agricultura y manufactura. La estrategia ha permitido sustitución efectiva en sectores estratégicos: arroz, maíz, azúcar, pastas, medicamentos y aceites registran tasas crecientes de autosuficiencia. Desde perspectiva analítica, esto representa giro deliberado desde modelo históricamente rentista y dependiente de importaciones hacia autosuficiencia industrial forzada, estrategia de alto riesgo y alta recompensa nacida del aislamiento económico.

Este enfoque se ancla en una narrativa histórica de larga duración que articula coherencia ideológica. La Vicepresidenta Rodríguez evoca el Decreto de Simón Bolívar de 1829: "Las minas de cualquier clase corresponden a la República", contrastándolo con la entrega histórica de recursos bajo Juan Vicente Gómez, hasta la refundación con Hugo Chávez y la Ley de Hidrocarburos de 2001.

El caso del Lago de Guanoco —depósito natural de asfalto más grande del planeta— ilustra la transformación paradigmática. La presentación relata cómo este recurso fue entregado históricamente a intereses extranjeros, terminando el asfalto venezolano pavimentando calles de Nueva York, avenidas de Washington y los Campos Elíseos de París. Este relato de explotación se contrasta con el anuncio reciente: un plan de desarrollo donde el 25% de la inversión se destinará directamente a proyectos comunales. El asfalto, antes mercancía de exportación bajo concesiones foráneas, se convierte en recurso para infraestructura nacional y desarrollo local. El asfalto es ahora "para el pueblo".

Este relato histórico no es ornamental sino fundacional: sirve como metáfora para una lucha que atraviesa períodos históricos, enmarcando el Presupuesto 2026 no como acto aislado sino como culminación de confrontación histórica por soberanía sobre recursos. Cada política —proteccionismo industrial, defensa de PDVSA, participación en renta petrolera, sustitución de importaciones— se enmarca como aplicación contemporánea de doctrina soberanista bolivariana irrenunciable. Esta narrativa convierte decisiones económicas técnicas en actos de soberanía nacional, dotando al presupuesto de densidad histórica que trasciende el ejercicio fiscal anual.

CONCLUSIÓN

El Presupuesto 2026 configura un sistema económico auto-referencial donde adversidad externa cataliza innovación endógena. Las cifras evidencian un modelo que convierte sanciones en proteccionismo forzoso, proteccionismo en crecimiento productivo del 8,5%, crecimiento en inversión social del 77,8%, e inversión social en legitimidad política territorializada mediante 33.206 proyectos participativos. Esta ecuación representa la construcción deliberada de un modelo donde la economía real sustituye la dependencia rentista tradicional, aunque paradójicamente el petróleo —con crecimiento del 15,95%— financie la transición hacia la diversificación productiva.

La pregunta estratégica no es si Venezuela resistirá el bloqueo, sino los destacado de  este modelo nacido de la adversidad va  consolidándose como alternativa sistémica sostenible. Los indicadores presentados no son meramente variables macroeconómicas sino coordenadas políticas que miden construcción de hegemonía popular: agricultura con crecimientos de 201% en hortalizas, capacidad industrial duplicada desde 2019, consumo real aumentado 38,79%, recaudación no petrolera en máximos históricos con incremento del 13,5%. El presupuesto 2026 codifica la arquitectura de una transformación donde economía, política y participación convergen en proyecto de soberanía integral que desafía ortodoxias neoliberales, planteando la interrogante sobre su replicabilidad como modelo alternativo para naciones que buscan autonomía económica en orden global multipolar.