En un ejercicio histórico de democracia participativa, la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez, junto al Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Jorge Rodríguez, y el Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Diputado Pedro Infante, encabezaron una consulta pública para reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Este encuentro con sectores gremiales, sindicales y empresariales marca un punto de inflexión en la política energética venezolana: transformar las mayores reservas petroleras del mundo en riqueza tangible para el pueblo, respondiendo con audacia revolucionaria al bloqueo más cruento de nuestra historia. La reforma no es concesión sino estrategia soberana, un mecanismo para convertir cada barril extraído en hospitales, escuelas y salarios dignos, garantizando que ningún factor externo dicte el destino de nuestros recursos.

De la Resistencia al Crecimiento: Justificación Histórica de la Reforma

El marco legal vigente, con casi un cuarto de siglo de existencia, ha quedado rezagado ante la dinámica del asedio imperial. Jorge Rodríguez lo expresó con claridad al abogar por leyes "vivientes" que no queden obsoletas como el Código de Comercio de 1919. La justificación es doble: el bloqueo criminal impuesto por Estados Unidos exige instrumentos jurídicos ágiles, y la urgencia temporal de extraer recursos que el tiempo podría agotar si permanecen bajo tierra.
La Presidenta Encargada definió la reforma como la vía para que Venezuela deje de ser solo un país de reservas y se convierta en un "gigante productor" al nivel de Rusia o Arabia Saudita. La resistencia bolivariana ya ha demostrado su efectividad: alcanzando 1.2 millones de barriles diarios en 2025 bajo el modelo de gestión más adverso, el país está preparado para un salto exponencial. La meta es clara: 3 millones de barriles diarios mediante inversiones de 50,000 millones de dólares, captando flujos internacionales ante la declinación de yacimientos en el resto del planeta.
La incorporación de valores de la Ley Antibloqueo permite atraer capital donde el Estado no debe aportar directamente, sino crear condiciones de seguridad jurídica para que el inversionista asuma riesgos calculados. Los Contratos de Participación Productiva (CPP) y las Alianzas Técnico-Financieras (ATF) representan modelos auditables que ya han recuperado infraestructura e incrementado producción. Esta reforma institucionaliza un éxito nacido en medio de las mayores dificultades.

Transparencia Draconiana: Tolerancia Cero ante la Corrupción

El diputado Jorge Rodríguez identificó la corrupción y el uso inadecuado de recursos como "las dos grandes amenazas" del sector energético. Su respuesta es categórica: "el tema de la corrupción debemos ser draconianos en esta etapa compleja que vive la república frente a prácticas inadecuadas con nuestros recursos y nuestra riqueza petrolera".
El concepto de medidas "draconianas" representa tolerancia cero absoluta. En contexto de bloqueo y sanciones, no existe margen para el desvío de fondos. La severidad legal garantiza que el recurso se transforme efectivamente en bienestar social medible. El mecanismo de transparencia propuesto es revolucionario: la población conocerá "dólar a dólar, bolívar a bolívar" el destino de los ingresos petroleros, pudiendo "decidir y opinar" sobre su uso.
Esta fiscalización ciudadana rompe con la exclusión histórica de las mayorías. La rendición de cuentas no será mero trámite sino ejercicio de soberanía popular, donde hospitales, escuelas, autopistas y salarios dignos constituyen indicadores auditables del manejo correcto. La reforma establece reglas claras, mecanismos de arbitraje contractual y seguridad jurídica para evitar ambigüedades que deriven en irregularidades.

La Presidenta Delcy Rodríguez fue enfática: en este proceso "no hay agenda oculta". La transparencia absoluta es condición sine qua non para atraer los 50,000 millones de dólares necesarios. El rigor contra la corrupción no es represión sino protección de la soberanía económica, garantizando que cada inversión extranjera beneficie realmente al pueblo venezolano.

Audacia Revolucionaria: Rechazo a la Tutela Imperial

La respuesta política venezolana ante las presiones externas es inequívoca. Nuestra Presidenta Delcy Rodríguez declaró que Venezuela "no acepta órdenes de factores extranjeros como el Tesoro de EE. UU. y solo obedece al pueblo venezolano". Esta reforma legislativa es acto de soberanía, no de sumisión.
El enfoque revolucionario consiste en convertir el asedio en oportunidad. Mientras el imperio pretende asfixiar a la nación, Venezuela responde con audacia jurídica y alianza inquebrantable entre sectores público y privado. Jorge Rodríguez justificó esta urgencia: frente al bloqueo más cruento de nuestra historia, se requiere dinamismo legislativo que transforme potencial en acto, convirtiendo "ese recurso pastoso y oscuro" en desarrollo tangible.
La consulta pública misma representa ejercicio democrático ejemplar: debatir con trabajadores, empresarios y gremios antes de aprobar legislación. Este método participativo legitima la reforma y fortalece el consenso nacional necesario para enfrentar adversidades externas. El patriotismo de los empresarios venezolanos y el esfuerzo de los trabajadores petroleros son pilares de este proyecto.
La meta de posicionar a Venezuela como gigante productor global no es fantasía sino proyección basada en realidades: poseer las mayores reservas probadas del planeta, haber resistido el bloqueo más severo aplicado a nación alguna, y haber desarrollado modelos de gestión exitosos bajo fuego. Alcanzar el nivel de potencias como Rusia o Arabia Saudita garantizará que cada ingreso se traduzca en felicidad social y desarrollo económico sostenible.

Conclusión

La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos marca la transición de Venezuela de la resistencia heroica al crecimiento exponencial. Con transparencia draconiana contra la corrupción, participación ciudadana en la fiscalización de recursos, y rechazo absoluto a tutelas imperiales, la República Bolivariana reafirma su destino como potencia energética indomable. El mensaje es cristalino: el gobierno venezolano rinde cuentas únicamente a su pueblo y a su historia, convirtiendo sus inmensos recursos en motor de un futuro brillante y digno para todos los venezolanos.